El Ministerio Público expresó satisfacción ante la decisión de la magistrada Fátima Veloz, quien dictó diversas medidas de coerción contra los implicados en el caso Pandora.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional consideró sólidas las pruebas presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, director de la Pepca, destacó que de los diez imputados, siete recibieron prisión preventiva, mientras que uno quedó bajo arresto domiciliario, medida también solicitada por el Ministerio Público.
“Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal y la valoración de la gravedad de los hechos. Esto refleja la contundencia de nuestra acusación”, afirmó Camacho.
Entre las medidas adicionales, se impusieron garantías económicas: tres millones de pesos a Víctor Santos y dos millones a Ángel Gómez, quienes también tendrán impedimento de salida del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades.
Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, también participó en la audiencia, reafirmando el compromiso del Ministerio Público en combatir la corrupción administrativa.
El caso Pandora sigue siendo uno de los procesos de corrupción más relevantes en la lucha por la transparencia y justicia en el país.
