Santo Domingo, República Dominicana (8 de mayo de 2025).- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11.
Según la resolución judicial núm. 040-2025-TRES-00023, emitida el 22 de abril de 2025 por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto.
"No existen elementos serios para modificar o revocar la decisión, tras comprobarse la inexistencia de documentación que justifique la incomparecencia de la imputada, pese a la citación legal", establece el documento judicial.
La declaratoria de rebeldía y orden de arresto se fundamentan en los artículos 100 y 101 del Código Procesal Penal Dominicano.
De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia.
La parte querellante solicita al tribunal penas de prisión, multas, la restitución de más de cien millones de pesos y una indemnización adicional por daños y perjuicios por un monto similar.
La próxima audiencia está programada para el 10 de junio de 2025, fecha en que se espera sea conducida bajo arresto la acusada Montañés Ubieto. Por su parte, el coimputado Rodolfo Ainsa Montañés permanece en España, eludiendo la jurisdicción dominicana.
Fuentes judiciales indican que contra Rosa María Montañés Ubieto y Javier Ainsa Montañés está en curso otro proceso penal por abuso de confianza y lavado de activos, iniciado por la Procuraduría Fiscal de La Altagracia. Este segundo caso incluye también a Bárbara García Escudero y a las empresas La Esmeralda Rental Services, S.R.L., Inmobiliaria Aneto, S.R.L. e Inversiones Acuazura, S.R.L.
