En su segundo mandato, Donald Trump ha intensificado su enfoque restrictivo hacia la inmigración, implementando medidas más severas para frenar el ingreso y permanencia de personas indocumentadas en Estados Unidos.
Entre las políticas más destacadas se encuentra la reactivación del programa “Quédate en México” con reglas aún más estrictas, obligando a los solicitantes de asilo a esperar indefinidamente en territorio mexicano mientras sus casos son procesados.
Además, se han reforzado las deportaciones exprés y se han ampliado las restricciones para acceder a visas de trabajo y residencia permanente, afectando tanto a nuevos inmigrantes como a quienes buscan regularizar su estatus.
Estas medidas han generado una crisis humanitaria en las zonas fronterizas, donde miles de personas enfrentan condiciones de extrema precariedad y violencia.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado el impacto desproporcionado en familias y menores de edad, así como la falta de acceso a un debido proceso para quienes buscan asilo. Mientras tanto, comunidades de indocumentados dentro del país viven bajo un clima de mayor temor y hostigamiento, con redadas más frecuentes y restricciones al acceso a servicios básicos.
El futuro de los indocumentados en Estados Unidos sigue siendo incierto, con pocas perspectivas de regularización bajo el actual panorama político. Expertos señalan que estas políticas no solo dificultan la integración de millones de inmigrantes, sino que también profundizan las divisiones sociales y económicas en el país. La falta de un consenso bipartidista para reformar el sistema migratorio deja en el limbo a miles de personas que contribuyen a la economía y el tejido social de la nación.
Se recuerda que Donald Trump se convirtió en el 47° Presidente de Estados Unidos, luego de juramentar el cargo en el Capitolio. El mismo que cuatro años atrás fue asaltado por hordas leales al mandatario, que buscaban impedir que asumiera Joe Biden, en medio de infundadas acusaciones de fraude electoral con las que Trump buscó deslegitimar el triunfo de su rival. Una de sus primeras medidas del ahora presidente Trump fue prometer un pronto indulto para las 1.600 personas que fueron condenadas por este acto sedicioso.
