Washington, D.C. – Durante su campaña presidencial, el entonces candidato Donald Trump dejó claro que su postura frente al Departamento de Educación federal era de desconfianza, tildando a la agencia de estar infiltrada por “radicales, fanáticos y marxistas”.
Trump eligió a Linda McMahon, una exejecutiva de lucha libre, para liderar el departamento, aunque sus planes van mucho más allá de la dirección del mismo. El presidente electo ha sido firme en su deseo de desmantelar el Departamento de Educación, una tarea compleja que, en última instancia, podría requerir la intervención del Congreso.
El Departamento de Educación tiene un papel crucial en el sistema educativo estadounidense, distribuyendo miles de millones de dólares a colegios y escuelas y gestionando una de las mayores carteras de préstamos estudiantiles del país. Sin embargo, el plan de Trump se centraría en transferir esas funciones a otras agencias del gobierno, cerrando de facto el departamento.
Uno de los aspectos clave de su propuesta incluye la reestructuración de los fondos federales para la educación. Trump ha prometido cortar el dinero destinado a escuelas y colegios que promuevan la “teoría crítica de la raza” y otras ideas que él considera inapropiadas en el ámbito educativo. Además, ha expresado su intención de premiar a aquellos estados y escuelas que promuevan la elección escolar y se deshagan de los docentes vinculados a programas que, según él, fomentan ideologías que no se alinean con los valores tradicionales estadounidenses.
En cuanto a los préstamos estudiantiles, el Departamento de Educación administra una deuda de aproximadamente 1.5 billones de dólares, beneficiando a más de 40 millones de prestatarios. A pesar de las críticas a la administración Biden por sus esfuerzos en la cancelación de deuda, Trump ha mantenido una postura en contra de las medidas de alivio, calificándolas de injustas. A pesar de no haber detallado sus planes específicos sobre el tema, se prevé que su enfoque sería más restrictivo y se enfocaría en ofrecer soluciones alternativas a la deuda estudiantil.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación también es una de las piezas clave en la aplicación de leyes que protejan a estudiantes de diferentes grupos raciales, socioeconómicos y de identidad de género. Sin embargo, Trump ha mostrado su desacuerdo con estas políticas, prometiendo una interpretación diferente que podría incluir la eliminación de lo que él considera “discriminación ilegal explícita”. En sus planes, las universidades que utilicen políticas de diversidad y equidad podrían enfrentarse a sanciones.
En lo que respecta a la acreditación universitaria, Trump ha criticado a los acreditadores actuales, a quienes califica de “izquierda radical”, proponiendo en su lugar la creación de nuevos acreditadores que mantengan estándares más alineados con sus valores, incluyendo la defensa de lo que considera la “tradición estadounidense” y la eliminación de lo que considera ideologías marxistas en las administraciones universitarias.
Con respecto a los fondos federales para las escuelas K-12, gran parte de este dinero se destina a programas como el Título I, que apoya a las escuelas de bajos ingresos y a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Sin embargo, Trump ha sugerido transferir estos fondos a los estados, dejando claro que no ofrecería detalles específicos sobre cómo manejaría la redistribución de estos recursos a nivel local.
A medida que su presidencia avanza, el futuro del Departamento de Educación y de la política educativa en los EE. UU. sigue siendo incierto. Si bien los planes de Trump para reducir el alcance del gobierno federal son claros, la viabilidad de sus propuestas dependerá de su capacidad para conseguir apoyo legislativo en el Congreso, que podría ser un obstáculo considerable.
