El próximo 25 de agosto se dará inicio al año escolar 2025-2026, y una vez más el Centro Educativo Antonio Duverrgue Duval, de Honduras recibirá a sus estudiantes en condiciones extremas de abandono y vulnerabilidad, sin que las autoridades del Ministerio de Educación hayan respondido a la demanda de la comunidad.
Este centro educativo, con más de 20 años de espera por una reconstrucción, solo imparte docencia hasta 4to de primaria. Para continuar sus estudios, los niños y niñas deben trasladarse a las comunidades de El Higuito o Fondo Negro, cruzando el río Yaque del Sur en una balsa improvisada con cuatro tanques, lo que los expone a altos riesgos de ahogamiento, abusos o accidentes.
Los estudiantes inician su trayecto desde las 6:00 de la mañana, caminan largas distancias hasta el río y pagan 50 pesos por el cruce. Algunos deben nadar, mientras otros son exonerados del pago, para luego depender de “bolas” hasta llegar a los centros educativos de esas comunidades.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su presidente en Tamayo, Luis Medina, ha denunciado la situación desde el 2018, sin recibir respuestas. Según Medina en una ocasión recibieron la visita de ingenieros del Ministerio de Educación que visitaron el plantel, y dijeron que el mismo no es apto para ser reconstruido y recomendaron su demolición; sin embargo, sigue funcionando en iguales o peores condiciones.
Los comunitarios están exigiendo por lo menos la construcción de una verja perimetral, pues personas y hasta animales penetran al plantel, afectando la docencia en las pocas aulas disponibles.
Piden construcción de un puente
De igual manera, reclaman con urgencia la construcción de un puente sobre el río Yaque del Sur, ya que no solo los estudiantes, sino también los agricultores, deben recurrir a balsas improvisadas para transportar sus productos a la ciudad.
“Es lamentable que en pleno siglo XXI nuestros niños y niñas estén condenados a arriesgar sus vidas para estudiar”, expresaron los comunitarios, quienes reiteraron el llamado al Ministerio de Educación y al Gobierno Central para que den una respuesta definitiva a esta problemática.
Propietarios de varias tiendas de venta y reparación de celulares protestaron este jueves frente a la Fiscalía de Santiago, denunciando que las autoridades están incautando sus equipos móviles de manera arbitraria.
Los comerciantes aseguran que la fiscalía ha realizado operativos en sus negocios, retirando decenas de dispositivos sin presentar explicaciones claras, lo que consideran un atropello y un duro golpe para la economía de quienes dependen de este comercio.
“Nos están dejando sin sustento, se llevan los celulares alegando investigaciones, pero nunca nos dicen en qué se basan ni nos devuelven los equipos”, expresó uno de los afectados durante la manifestación.
Los dueños de tiendas hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que se respete el debido proceso y se les permita continuar trabajando de manera legal. Advirtieron que de no recibir respuesta, radicalizarán sus protestas en los próximos días.
