La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves una nueva ley que impone severas penas de prisión y sanciones económicas a quienes respalden o promuevan sanciones internacionales contra el país. La ley establece penas de cárcel de entre 25 y 30 años, además de inhabilitaciones de hasta 60 años para los dirigentes que apoyen medidas coercitivas extranjeras.
Uno de los artículos más destacados de la nueva legislación establece que cualquier persona que promueva, instigue o participe de alguna manera en la adopción de sanciones internacionales contra Venezuela será castigada con penas de prisión de entre 25 y 30 años. Además, se contemplan fuertes multas que superan el millón de dólares.
El proyecto de ley fue aprobado en respuesta a la reciente iniciativa presentada por el Congreso de Estados Unidos para reforzar las sanciones impuestas a Venezuela.
Este proyecto, conocido como la "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo" (BOLIVAR, por sus siglas en inglés), fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 18 de noviembre. La legislación aún debe ser ratificada por el Senado estadounidense y firmada por el presidente para entrar en vigor.
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La ley venezolana también contempla castigos similares para quienes promuevan, financien o participen en acciones armadas contra el país. De este modo, la nueva legislación refuerza la postura del gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones y la presión internacional, al tiempo que considera ilegítimas las medidas tomadas por Estados Unidos y sus aliados.
El régimen de Maduro ha denunciado en varias ocasiones las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, acusando a Washington de intentar desestabilizar el país y derrocar su gobierno. Por su parte, las autoridades estadounidenses aseguran que las sanciones buscan presionar al mandatario venezolano para que abandone el poder, en medio de denuncias de fraude electoral tras su reelección en julio de 2023.
Esta nueva legislación refuerza la línea dura del gobierno venezolano frente a las presiones externas, al tiempo que genera un creciente rechazo entre sectores opositores, que consideran que esta medida busca acallar cualquier crítica o disidencia interna al régimen de Maduro.
