Agencia EFE-Las irregularidades en torno a la concesión de obras viales en la provincia argentina de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, derivaron en una causa judicial que culminó este martes con la confirmación por la Corte Suprema de una condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien denuncia una estrategia de ‘lawfare’ (persecución judicial) en su contra.
La denominada ‘causa Vialidad’ tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en esta región del sur de Argentina a firmas del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su hoy viuda, Cristina Fernández.
El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el supuesto «direccionamiento» de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.
En abril de 2016, el entonces titular de la Dirección de Vialidad, Javier Iguacel, presentó una denuncia más amplia. El 27 de diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
Durante la investigación, Ercolini determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicados a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.
En marzo de 2018, la causa fue elevada a juicio oral, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició el 22 de mayo de 2019.
El 22 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani solicitó doce años de cárcel para Cristina Fernández, tras considerar demostrado que era la «jefa» de una asociación ilícita. La acusó de haber creado, junto a Kirchner, «una de las matrices más extraordinarias de corrupción» en Argentina.
