A todos nos gusta vivir en un país de libertades públicas, estabilidad institucional y crecimiento económico. Disfrutar de la democracia —de poder emprender, producir, circular con libertad y planificar el futuro— es, sin duda, una de las mayores conquistas de nuestra sociedad. Pero conviene decirlo con claridad y sin demagogia: la democracia cuesta, y cuesta mucho.
Cuando observamos el mapa de nuestro continente, la República Dominicana destaca como una de las democracias más estables. Esa estabilidad no es una abstracción teórica; se traduce en calidad de vida, en inversión, en empleo y en tranquilidad cotidiana. Basta ver cómo, en nuestro país, amplios sectores pueden desplazarse libremente, disfrutar de espacios de ocio y desarrollar sus actividades sin la permanente sensación de inseguridad que afecta a otras naciones de la región.
Uno de los ejemplos más evidentes es cuando comparamos nuestra realidad con nuestro vecino país de Haití. Compartimos una misma isla pero vivimos realidades radicalmente disímiles. Mientras en Haití, la clase más pudiente debe desplazarse con escoltas y vehículos blindados, aquí gozamos de una tranquilidad y seguridad envidiable.
Mantener una democracia funcional y en crecimiento exige que todos cooperen. Y esa cooperación, en términos prácticos, se llama impuestos. No hay forma honesta de sostener servicios públicos, políticas sociales, seguridad, infraestructura y estabilidad macroeconómica si una parte significativa de la sociedad evade o elude su responsabilidad contributiva.
Desde hace décadas, los gobiernos dominicanos han administrado el Estado bajo déficits presupuestarios recurrentes. Si bien la deuda externa se mantiene en niveles manejables en relación con el tamaño de nuestra economía, su servicio representa una carga pesada. Para el año 2026 se estima que entre 324 mil y 360 mil millones de pesos —alrededor del 24 % del presupuesto nacional— se destinarán al pago de intereses y amortizaciones. Es dinero que no puede invertirse en carreteras, puertos, escuelas, hospitales o infraestructura estratégica para el desarrollo.
Aunque hemos logrado reducir el peso de la deuda en relación con el PIB en comparación con el pasado, el fardo sigue siendo considerable. La pregunta, entonces, no es si tenemos capacidad de pago, sino si este modelo es sostenible a largo plazo y compatible con una economía que aspire a ser más justa y competitiva.
¿Cuál podría ser la receta? No existen soluciones mágicas, pero sí caminos razonables. Un Estado un poco más eficiente y contenido, cuidando al máximo el empleo público. Una mejora sustancial en la calidad del gasto. Una lucha frontal contra la evasión fiscal. Y, aunque sea el gran tabú de la política dominicana, una reforma fiscal integral que corrija distorsiones y desigualdades históricas del sistema tributario.
El principio debe ser simple y justo: quien tiene menos, paga menos; quien tiene más, paga más. Hoy existen privilegios irritantes y exenciones que no siempre se justifican, salvo en aquellos casos en que sirvan claramente para desarrollar zonas o sectores aún no explotados y atraer inversión productiva real.
Producir riqueza en democracia y disfrutarla es legítimo. Pero ese disfrute implica una corresponsabilidad con el país que lo hace posible. Si queremos seguir creciendo a ritmos elevados —que no son fortuitos— debemos asumir los ajustes necesarios para reducir los déficits, depender menos del endeudamiento y aspirar, en el mediano plazo, a que el servicio de la deuda no supere el 10 % del presupuesto. Solo así tendremos una economía más sana y un Estado con mayor capacidad de respuesta.
Todo esto es, ante todo, una invitación al debate responsable. Estas reflexiones no comprometen ni representan la posición oficial de ningún gobierno ni partido. Son simplemente el pensamiento de uno de los aspirantes a precandidato de nuestra organización, convencido de que la República Dominicana puede y debe ser un país más justo, más equitativo y con la mejor democracia del continente. Porque la democracia tiene un precio, sí, pero vale cada esfuerzo cuando se construye con equidad, justicia y visión de futuro.
Todo el país exige consecuencias para los principales señalados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), un escándalo que, hasta el momento, supera los 15 mil millones de pesos. No se trata solo de cifras escandalosas; se trata de vidas humanas afectadas, de pacientes con enfermedades graves, de niños que necesitaban una simple aprobación médica para mejorar su condición de vida, y de personas que hoy no están para contarlo.
Este entramado no fue improvisado. A simple vista, se trató de una red planificada paso por paso, ejecutada con frialdad, mientras un grupo pensaba únicamente en cómo llenarse los bolsillos. En ese proceso, se negaron recetas, se retrasaron tratamientos y se condenó al sufrimiento a miles de dominicanos que confiaron en el Seguro Nacional de Salud.
Ante este panorama, la pregunta es obligatoria: ¿dónde estaban los controles del Estado? ¿Cómo fue posible que esta “pandilla de malhechores” creciera hasta alcanzar una magnitud que hoy se considera una de las mayores estafas contra el pueblo dominicano?
Quisiera vivir en un país donde el jefe de Estado tenga la firmeza necesaria para hacer temblar, pero de alegría, al pueblo dominicano; un país donde se envíe un mensaje claro de que los diez principales acusados del caso Cobra no actuaron solos, y que detrás de este fraude hubo una cadena de omisiones, complicidades o negligencias desde los propios organismos de control.
¿Dónde estuvo la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana? ¿Cómo no detectó movimientos financieros irregulares en cuentas vinculadas a estas personas? ¿Dónde estaba el DNI? ¿Por qué no intervino? ¿Acaso la Dirección General de Compras y Contrataciones cumple su rol de manera efectiva o existen “casos especiales” donde los controles se relajan peligrosamente?
Y qué decir de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Esta institución, encargada de velar por la transparencia, otorgó a Senasa calificaciones superiores al 85 % durante los primeros seis meses del año 2025. De enero a junio, la entidad obtuvo un promedio de 92.89 %, con evaluaciones que alcanzaron hasta un 96.84 %. Hoy resulta incomprensible que una institución señalada por un desfalco de más de 15 mil millones de pesos haya sido evaluada como “sobresaliente”.
Entonces, cabe otra pregunta incómoda: ¿cómo se mide realmente la transparencia en este país? ¿Podemos confiar en unos controles que califican con 89.32 % a una institución que estaba siendo saqueada?
Sería saludable para la democracia dominicana amanecer un día con la noticia de que el presidente de la República ha destituido a los funcionarios que, a todas luces, no funcionaron; que los ha puesto a disposición de la Procuraduría para que respondan por qué no ejercieron sus funciones y por qué no protegieron el dinero del pueblo, ese dinero que sale de los impuestos de ciudadanos que apenas sobreviven.
Porque el desfalco a Senasa no es solo un robo de recursos públicos: es un atentado directo contra la salud, la dignidad y la vida del pueblo dominicano. Y frente a eso, la impunidad no puede seguir siendo la norma.
Lo básico se ha convertido en espectáculo; lo urgente, en silencio.
Por:Julissa Morel
En los últimos días, la sociedad dominicana ha mostrado un síntoma preocupante: estamos perdiendo sensibilidad mientras aumentan el miedo, la desconfianza y la sensación de desorden. Detrás del ruido diario hay indicadores que deberían estremecernos como país: 1,416 muertes infantiles por distintas causas, 1,065 homicidios, 5,423 atracos, más de mil casos de abuso sexual y 2,675 situaciones de maltrato a adultos mayores. A esto se suman hechos alarmantes, como ver a una niña de 12 años liderar una banda juvenil en Bonao.
En vez de discutir estas tragedias, una parte de la conversación pública se ha desviado hacia temas irrelevantes. Basta ver cómo líderes políticos y sectores organizados exigen al gobierno censurar contenidos de plataformas privadas —contenidos que solo consume quien decide pagarlos— mientras las verdaderas urgencias del país pasan de largo. Es la cultura de la indignación a conveniencia: se protesta por lo que está de moda, no por lo que destruye vidas.
¿A quién le preocupa realmente la descomposición social?
¿Dónde están las voces defendiendo a los niños abandonados, a los jóvenes atrapados en ciclos de violencia, o a los adultos mayores maltratados?
¿Cómo es posible que individuos que cometen delitos graves no cumplan condenas efectivas, mientras la sociedad discute sobre lo accesorio?
También persisten preguntas que deberían estar en el centro de la agenda nacional:
¿Quién es responsable del contenido que consumen nuestros hijos?
¿Quién acompaña emocionalmente a las familias que viven en crisis?
¿Dónde están los programas para prevenir violencia, rehabilitar a quienes delinquen y proteger al ciudadano común?
¿Quién garantiza seguimiento psicológico real a las personas que salen del sistema penitenciario?
Mientras nos entretenemos con lo superficial, pasa inadvertido lo esencial: el crecimiento de la inseguridad, el aumento de la violencia, el abandono de la niñez vulnerable y el maltrato crónico a los adultos mayores. Lo básico se ha convertido en espectáculo; lo urgente, en silencio.
La verdadera discusión no es sobre contenidos digitales ni polémicas pasajeras: es sobre la vida, la convivencia y el rumbo emocional del país. Recuperar la empatía, reforzar las instituciones y priorizar la protección social no son lujos ni consignas: son condiciones para que la República Dominicana no siga caminando a ciegas ante sus propios dolores.
BBC Science: Cigarrillos electrónicos, una herramienta con potencial para reducir el daño del tabaquismo.
Un análisis publicado por BBC Science Focus Magazine (Is smoking or vaping worse for you? It depends who’s asking | BBC Science Focus Magazine) explora la creciente evidencia científica sobre los cigarrillos electrónicos, destacando su potencial como herramienta de reducción de daños para fumadores adultos. Aunque el vapeo sigue siendo objeto de debate, expertos citados en el artículo coinciden en que, bajo ciertas condiciones, puede representar una alternativa menos perjudicial que el cigarrillo tradicional.
Uno de los estudios mencionados, realizado por investigadores estadounidenses, que los cigarrillos electrónicos pueden suplir nicotina sin exponer al usuario a las más de 7,000 sustancias químicas presentes en el humo del tabaco, muchas de ellas cancerígenas.
El aerosol generado por los cigarrillos electrónicos contiene significativamente menos compuestos tóxicos que el humo del tabaco y los comunes en están en niveles considerablemente más bajos en los vapes, es decir, en concentraciones reducidas podría representar un menor impacto en comparación con el tabaco tradicional.
El profesor Michael P. Kelly, experto en salud pública de la Universidad de Cambridge y exasesor del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE), señala en el artículo:
“El vapeo no es inocuo, pero si se utiliza como sustituto completo del tabaco, puede reducir significativamente los riesgos para la salud.”
Además, el artículo cita una revisión sistemática realizada por la Universidad de Oxford, que concluye que los cigarrillos electrónicos pueden ser más efectivos que otros métodos tradicionales para dejar de fumar, como los parches de nicotina o la terapia de reemplazo, siempre que se acompañen de apoyo conductual. Esta revisión se basó en múltiples ensayos clínicos que compararon la eficacia de diferentes métodos de cesación tabáquica.
La investigadora Jamie Hartmann-Boyce, autora principal de la revisión Cochrane sobre cigarrillos electrónicos, afirma que estos dispositivos han demostrado ser más eficaces que otros métodos de reemplazo de nicotina, como los parches o las gomas, para ayudar a las personas a dejar de fumar. Esta revisión, que se actualiza regularmente con nueva evidencia de ensayos clínicos, ha sido respaldada por estudios recientes del investigador Leonie Jackson, quien aporta datos del mundo real que confirman estos hallazgos. Según Jackson, el vapeo se ha convertido en el método más común para dejar de fumar en Inglaterra, utilizado en aproximadamente el 40 % de los intentos de cesación tabáquica.
No obstante, tanto el artículo como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los cigarrillos electrónicos no son seguros para jóvenes, mujeres embarazadas ni personas que no consumen productos de tabaco. La adicción a la nicotina sigue siendo un riesgo, especialmente entre adolescentes, por lo que los expertos insisten en que el vapeo debe dirigirse exclusivamente a fumadores adultos que no han logrado dejar el tabaco por otros medios.
“No se trata de promover el vapeo, sino de reconocer que, para quienes no pueden dejar de fumar por otros medios, puede ser una opción menos dañina”, reseña el artículo de la BBC Science Focus Magazine
Autoridades sanitarias como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y Public Health England (PHE) recomiendan que los fumadores adultos que consideren el uso de cigarrillos electrónicos lo hagan como parte de un plan estructurado para dejar de fumar, idealmente con acompañamiento médico o psicológico.
“La LMD no descansa: segunda graduación de alcaldes pedáneos refuerza el liderazgo local”
Por : Lic. Madelin Peña
En la República Dominicana, un alcalde pedáneo es esa figura esencial que funciona como puente directo entre las comunidades más cercanas al ciudadano y los gobiernos municipales. Su papel es vital: conocen sus barrios, sus dinámicas, sus problemas y pueden actuar de inmediato para atender demandas y fomentar convivencia y desarrollo local. En ese contexto, resulta motivo de celebración que la Liga Municipal Dominicana (LMD) promueva este año 2025 su “Segunda Graduación de Formación para Alcaldes Pedáneos”.
La primera graduación fue todo un éxito: 317 alcaldes pedáneos procedentes de 28 municipios y 22 distritos recibieron capacitación integral bajo el curso “Gestión de Alcaldías Pedáneas”. Este programa incluyó temas como el marco normativo de la función municipal, planificación comunitaria, liderazgo, mediación de conflictos y comunicación. Recuerdo que en el acto, el presidente de la LMD, Víctor D’Aza, destacó la importancia de darles herramientas concretas para que funcionen con autonomía, eficacia y visión de desarrollo comunitario.
Este segundo ciclo, coordinado por el Instituto de Formación Municipal (ICAM) de la LMD que dirige Claudio Lugo, muestra un compromiso sostenido en fortalecer a esos servidores locales. El apoyo ofrecido por D’Aza y su gestión refuerza la apuesta de la LMD por alcaldes pedáneos mejor formados y listos para asumir retos crecientes en sus comunidades.
Que esta graduación se realice ahora indica que la LMD entiende la necesidad de un liderazgo cada vez más profesionalizado, conectado con las expectativas ciudadanas y con competencias modernas para gestionar participación, transparencia y desarrollo urbano-rural.
Celebrar esta iniciativa es reconocer que el fortalecimiento de las alcaldías pedáneas no es un asunto menor. Es invertir en escenarios locales donde la vida diaria de los dominicanos transcurre. Cuando esos líderes de comunidades están preparados, se traducen en comunidades más organizadas, proyectos más viables, soluciones más ágiles y, en última instancia, un municipio más fuerte.
Felicitamos a la Liga Municipal Dominicana, a Víctor D’Aza y a todos los alcaldes pedáneos que entran en esta nueva etapa de formación. Que esta segunda graduación no sea solo un acto simbólico, sino el inicio de una gestión transformadora que eleve la vida comunitaria en cada rincón del país.
Por: Lic. Madelin Peña
En la política moderna, comunicar sin estrategia puede ser letal para una gestión. Hoy, más que nunca, los funcionarios públicos están bajo el escrutinio constante de una ciudadanía empoderada, medios digitales activos y una prensa que no perdona el error de una palabra mal dicha, una respuesta improvisada. Sin embargo, muchos parecen no haberlo entendido y sin pensarlo terminan provocando sus propias crisis.
La comunicación institucional no puede ser reactiva ni emocional. No basta con publicar logros ni defenderse en redes sociales. Comunicar requiere planificación, coherencia y, sobre todo, una narrativa alineada con la gestión. Cuando un ministro o director responde sin asesoría o actúa impulsivamente, no solo se expone, sino que arrastra a toda su institución a una tormenta mediática innecesaria.
La clave está en entender que la comunicación es poder, pero también es riesgo. Un funcionario que no domina el discurso, que no escucha ni mide sus palabras, construye su propia crisis. La falta de entrenamiento en manejo mediático y crisis reputacional ha convertido a muchos ministerios en ejemplos de cómo no comunicar.
En los últimos años hemos visto múltiples ejemplos de declaraciones fuera de contexto, anuncios sin coordinación y publicaciones en redes que desatan más polémica que respaldo. En la era de la inmediatez, una respuesta a un periodista, un tuit mal pensado puede convertirse en el titular del día, y un video filtrado puede destruir meses de trabajo institucional.
Es una crisis comunicacional y de coherencia, alimentada por la falta de estrategia, la improvisación y la desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. En lugar de construir un relato común, los portavoces oficiales y ministros parecen hablar idiomas distintos, algunos realizan labores ajenas a sus funciones, unos se adelantan a los hechos, otros los contradicen o simplemente los ignoran, generando ruido, confusión y desgaste en la población.
La gestión pública exige más que buenas intenciones; demanda estrategia, disciplina y humildad para reconocer errores. Cuando los funcionarios se convierten en su propia oposición, el costo lo paga todo el gobierno. Superar esta etapa deberá exigir responsabilidad comunicacional y cohesión narrativa. De lo contrario, las crisis seguirán repitiéndose, no por lo que haga la oposición, sino por lo que dejen de hacer los hombres y mujeres de confianza.
Del derecho a la manipulación: el riesgo de usar la ley como arma.Por Nolberto Batista
El derecho debería ser un escudo, algo que nos proteja a todos por igual y que equilibre las relaciones en la sociedad. Pero muchas veces se convierte en otra cosa, en un instrumento que algunos usan para presionar, retrasar decisiones o ganar ventaja. Y cuando eso sucede, la justicia deja de sentirse justa.
Lo más preocupante es cómo estas prácticas afectan la vida de las personas. Procesos que deberían resolverse con rapidez se eternizan, recursos que deberían estar disponibles se bloquean, familias y empresas se ven atrapadas en conflictos interminables. Todo esto termina generando desconfianza, no solo hacia quienes actúan mal, sino hacia el sistema en sí. La justicia deja de ser un refugio y se siente como un laberinto lleno de obstáculos invisibles.
El poder económico, la influencia o la posición social no deberían cambiar nada de esto. Cada vez que el derecho se usa para manipular, se envía un mensaje silencioso pero potente: algunos tienen privilegios que otros no. Y esa percepción erosiona algo esencial en cualquier sociedad: la fe en que todos somos iguales ante la ley.
No se trata de señalar a personas o casos concretos, sino de mirar con honestidad lo que ocurre cuando se permite que la ley se convierta en un arma. Cada abuso deja una huella, y cuando estas huellas se acumulan, la confianza pública se debilita, y con ella, la misma idea de justicia.
Si queremos que la justicia cumpla su propósito, debemos recordarnos a nosotros mismos que la ley es de todos y para todos. Que su valor no está solo en los códigos o los tribunales, sino en cómo la respetamos y defendemos cada día.
Cuando se olvida esto, todos perdemos, porque la justicia deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta que puede inclinarse hacia quien tenga más poder.
La reflexión es simple pero profunda: proteger la justicia no es solo tarea de jueces y abogados, es responsabilidad de todos. Y sólo cuando cada uno de nosotros comprende el peso de la ley y la respeta, podemos esperar que la justicia vuelva a ser ese escudo que debería ser.
Pedro Angel
En el ecosistema comunicacional del sector salud, hay una confusión que se ha perpetuado por años: la diferencia entre marketing en salud y prensa/relaciones públicas.
Aunque muchos insisten en tratarlos como sinónimos, la realidad es que hay una línea gruesa —aunque algo frágil— que los separa. Y entender esa frontera no es solo útil, es urgente.
Médicos, clínicas, laboratorios y empresas del sector salud suelen recurrir a periodistas, oficinas de prensa y relacionistas públicos como parte de sus estrategias de visibilidad.
Lo hacen con la intención de visualizar sus marcas ante pacientes y comunidades. Pero aquí es donde se comete el error: confundir la difusión puntual con una estrategia de marketing integral. Y en esa parte los consultores, como quien escribe, juegan un papel supremo.
Deslindemos los campos. El marketing en salud es una disciplina especializada que exige conocimiento profundo del entorno sanitario, sensibilidad ética y visión estratégica. Su accionar implica diagnóstico de imagen, posicionamiento, identidad corporativa, segmentación de públicos, campañas educativas y uso de canales digitales tradicionales y experiencias, entre otros puntos.
No se trata de vender servicios médicos como si fueran productos de consumo masivo. Se trata de comunicar valor, confianza y credibilidad en un entorno altamente regulado y emocionalmente delicado.
La otra pata, la prensa y las relaciones públicas con sus funciones de difusión de noticias, lanzamientos, eventos y novedades, generación de cobertura de medios apoyo a la reputación institucional en momentos clave.
El alcance, en esta última parte, tiene su pared. Pretender que una estrategia de salud se base únicamente en notas de prensa es como querer curar una enfermedad con una sola dosis. La prensa no construye marca, solo la expone.
En todo esto hay un riesgo en tiempos de Inteligencia Artificial y redes sociales, todos parecen saber de todo. Pero en el marketing en salud, la improvisación puede costar caro. La diferencia entre un profesional y un improvisado no está en cuántos gustos genera, sino en cuánto valor estratégico aporta.
En la parte central está el consultor, un tercer jugador en la estrategia de posicionamiento que pone cada cosa en su lugar. Dice es por aquí o es por allá. Y su condición indispensable es conocer de la A a la P el sistema de salud, la industria que por dentro mueve el sector, los actores importantes y hasta los cauces encontrados. El consultor sabe poner cada cosa en su lugar y hacer las recomendaciones de lugar.
Concluyo: la frontera entre marketing en salud y prensa existe y es necesario respetarla. Las marcas del sector deben apostar por estrategias integrales, que incluyen prensa como herramienta necesaria.
En salud, como en la vida, no todo lo que brilla en los medios es oro.
Por Adolfo Pérez De León
A propósito del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero compartir algunas inquietudes que marcan el devenir actual de la opinión pública y los medios. Pues hay grandes desafíos que el mundo no conocía hasta el auge de las tecnologías y su profundización en la presente década.
Más allá de la censura que tradicionalmente ha puesto en riesgo a la opinión publica y los medios, se suman otros riesgos menos habituales. Entre ellos, la proliferación de los discursos de odio, la persecución de la diversidad en las redes sociales y la llamada posverdad, que supone la dificultad para establecer certezas en torno a la verdad objetiva. Son amenazas reales para el periodismo independiente, la libertad de prensa y la salud del debate público.
La propia mecánica de las plataformas digitales supone formas de operar y usarlas que apuntan en esa dirección indeseable para quienes creemos en la libertad y la democracia. Pues facilitan de manera eficiente la difusión de información, diversifica las fuentes y eso es positivo. Pero también permiten la propagación de informaciones falsas, medias verdades, desinformación y discursos de odio. Esto distorsiona la realidad, fomenta la intolerancia, promueve la segregación y afecta el diálogo democrático.
El ejercicio del derecho de la libre expresión conlleva responsabilidades. Pues cuando lo hacemos impactamos en el entorno y la sociedad. Cuando normalizamos comportamientos violentos, difundimos informaciones no comprobables, actuamos como si nuestras interacciones no tuvieran consecuencias, fomentamos conductas que socavan el equilibrio social y político, del cual un actor relevante son los medios y el periodismo. Muchas veces se piensa que al darse en el entorno digital, estas conductas son menores, pero impactan en el mundo real a modo de exacerbación de discursos de odio, discriminación y violencia.
Los periodistas y medios de comunicación se ven muchas veces mediados o impactados hasta abstenerse de hacer su trabajo, por temor a ser blanco de campañas de odio, persecución y desinformación. Al tener poder de desacreditar su trabajo, ensuciar su honra o silenciar voces críticas, se produce una amenaza directa a la libertad de prensa y el derecho a la información.
Las redes sociales son un gran aporte del avance de la civilización, pero su uso conlleva responsabilidad. Es necesario moderar los contenidos, determinar qué publicaciones son aceptables y cuáles no, desde un punto de vista de auto evaluación. Pues, la salud del debate público y democrático depende de ello. Si bien muchas naciones han implementado políticas para combatir la desinformación, es relevante decir que en este aspecto los discursos de odio y las malas prácticas suelen tener la delantera. Los contenidos dañinos corren a sus anchas.
Para proteger la libertad de prensa y promover un entorno digital que aporte a la convivencia es necesario que nosotros mismos actuemos conscientes de ello. Y que, como lo acaba de proponer el presidente Luis Abinader, se regulen las plataformas digitales, los medios de comunicación y las interacciones de información. Pues sin políticas efectivas para que los contenidos aportes a la libre expresión sin lesionar las dinámicas democráticas.
El diálogo respetuoso, la diversidad de opiniones, el intercambio fluido, suponen seguros de vida de la democracia y la estabilidad. Por eso, cuando participamos de las redes debemos tener espíritu de aporte y conciencia de que todo el tiempo estamos construyendo en conjunto el tejido de nuestro espacio común.
Hoy, cuando celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, aprovecho para afirmarlo: es necesario un compromiso colectivo con los valores de la convivencia y contrarrestar las amenazas que supone el uso poco ético de las redes y la tecnología. Hagamos un alto y pensamos en nuestro compromiso necesario con la libertad de prensa y el respeto común.
¿Por qué “Mantequilla” está libre? La estafa, el artículo 405 y la urgencia de un nuevo Código Penal
Por Jean Cristofer Pérez – Abogado
La reciente puesta en libertad de Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, ha causado indignación en la opinión pública. ¿Cómo es posible que alguien acusado de estafar millones esté en la calle? La respuesta está en el artículo 405 del Código Penal dominicano, una norma redactada en 1884 que establece una pena máxima de apenas dos años de prisión por estafa, sin importar la magnitud del fraude.
Este artículo no contempla agravantes por el monto defraudado ni por la cantidad de víctimas, lo que convierte a la estafa millonaria en un delito con castigo leve, casi simbólico. Bajo esta ley, el que estafa RD$1,000 o RD$100 millones recibe el mismo trato penal.
Este vacío legal hace que, luego de que a un imputado le ha sido impuesta la prisión preventiva como medida de coerción, al cabo de unos meses necesariamente deba ser variada, a fin de que la misma no se convierta en una pena anticipada. En consecuencia, incluso los casos más escandalosos terminan con los acusados en libertad antes de que se produzca una condena definitiva.
Desde el punto de vista jurídico, la estafa requiere tres elementos: engaño, error de la víctima y perjuicio económico. En el caso de “Mantequilla”, estos elementos se cumplieron ampliamente. Sin embargo, la legislación actual no protege eficazmente a las víctimas ni disuade a futuros estafadores.
Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Mientras no se apruebe un nuevo Código Penal, seguiremos viendo cómo grandes delitos reciben pequeñas sanciones, y cómo la impunidad financiera erosiona la confianza en la justicia.
Es tiempo de una reforma penal profunda, que castigue proporcionalmente las estafas, recupere lo robado y proteja a quienes confían en el sistema.
La transparencia en la comunicación de gobierno no es solo ética: Es estratégica
Por: Leonardo Gil
«En 1789, el rey Luis XVI de Francia anotó en su diario personal la palabra ”Nada” el mismo día en que el pueblo asaltó la Bastilla, marcando el inicio de la Revolución Francesa. Un monarca desconectado de su pueblo, que no supo comunicar ni escuchar, pagó el precio más alto.
Hoy, en plena era digital, los gobiernos que repiten ese error (opacos, herméticos o tardíos en su comunicación) no enfrentan una guillotina, pero sí algo igualmente devastador: la pérdida de credibilidad, el descontento social y la erosión de la democracia.
¿Cómo evitar ese colapso? La respuesta está en hacer de la comunicación gubernamental un puente de transparencia, no un muro de opacidad. La comunicación gubernamental es el arte de transformar datos en confianza, discursos en diálogos y la rendición de cuentas en una práctica cotidiana.
En 2020, mientras algunos países ocultaban datos sobre el COVID-19, Nueva Zelanda publicaba en tiempo real hasta las reuniones de su gabinete. Resultado: una de las tasas de confianza ciudadana más altas del mundo. La transparencia no es solo ética: es estratégica. ¿Por qué muchos gobiernos aún no lo entienden?»
En un mundo donde la información fluye a velocidades sin precedentes, gracias a tecnologías como el 5G, los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de utilizar la comunicación no solo para informar, sino para construir confianza, fomentar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas.
La transparencia no es solo un concepto abstracto; es un principio fundamental para la gobernanza democrática. Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a la capacidad de los gobiernos para hacer accesible la información pública de manera clara, oportuna y veraz.
En este contexto, la comunicación de gobierno juega un papel crucial. No se trata solo de difundir datos, sino de hacerlo de manera que los ciudadanos puedan comprender, analizar y utilizar esa información para tomar decisiones informadas.
Por ejemplo, en países como Estonia, el uso de plataformas digitales ha permitido que los ciudadanos accedan a información gubernamental en tiempo real, desde datos presupuestarios hasta el estado de sus trámites personales. Esto no solo ha aumentado la eficiencia, sino que ha fortalecido la confianza en las instituciones.
La transparencia, por tanto, no es un fin en sí misma, sino un medio para construir una relación de confianza entre el gobierno y la sociedad. Y en esta era de desinformación y fake news, esa confianza es más importante que nunca.
La comunicación de gobierno no es solo una herramienta para informar; es un puente hacia la transparencia, la confianza y la participación ciudadana. En esta era de transformación digital, con tecnologías como el 5G, tenemos la oportunidad de reinventar cómo los gobiernos se comunican con sus ciudadanos.
Pero no olvidemos que la tecnología es solo un medio. El verdadero desafío es construir una cultura de transparencia, donde la información sea un bien público y la rendición de cuentas sea una práctica constante.
Como comunicadores, funcionarios y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para asegurar que la comunicación de gobierno sea un instrumento de democracia, inclusión y justicia.
MIENTRAS TODO ESTO OCURRE EN MUCHAS DEMOCRACIAS DEL MUNDO, NOSOTROS NOS ESTAMOS QUEDANDO ATRÁS.
Por: Leonardo Gil. Consultor en comunicación política y de gobierno
Febrero de 1844: Inspiración para una República Dominicana fuerte y justa
Por Adolfo Pérez de León
Cada 27 de febrero la historia nos llama a recordar el momento en que un grupo de valientes decidió que la libertad y la soberanía de la República Dominicana no eran sueños inalcanzables, sino derechos irrenunciables.
Su profundo amor patrio les unió con un propósito claro: construir una nación libre, justa y con instituciones capaces de sostener su independencia a lo largo del tiempo. Hoy, 181 años después, la pregunta es inevitable: ¿qué hemos hecho con ese legado?
No podemos ver la independencia solo como un hecho histórico encerrado en los libros de texto. Febrero de 1844 no fue un punto final, sino un punto de partida, un llamado constante a fortalecer nuestra República.
Una república es un conjunto de instituciones funcionando para establecer balances y controles, limitar el poder y construir convivencia pacífica estable que permita lograr las metas a futuro.
Los trinitarios no solo nos dieron un territorio libre. Nos dejaron la responsabilidad de consolidar una nación con instituciones fuertes, capaces de garantizar justicia, crecimiento, bienestar y estabilidad para todos.
La independencia dominicana no fue obra de un golpe de suerte ni de la improvisación. Fue el resultado de un ideal bien pensado, de una lucha organizada y de la convicción de que un pueblo con principios puede forjar su propio destino.
Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y otros grandes luchadores por la libertad y los valores republicanos, entendieron que una patria verdadera no se sostiene solo con fronteras bien definidas, sino con instituciones que protejan la dignidad y los derechos.
Hoy, más que nunca, debemos mirar el ejemplo de los fundadores con ojos críticos y valientes. Una República Dominicana fuerte no es aquella que solo celebra su independencia, sino la que trabaja día a día para consolidar su democracia, combatir la corrupción, fortalecer la justicia y garantizar que cada ciudadano tenga oportunidades reales para prosperar.
Cada vez que defendemos la transparencia, exigimos derechos y promovemos el bien común, estamos honrando la sangre derramada por nuestra independencia.
La República Dominicana de hoy tiene retos enormes, pero también tiene grandes aciertos. La lucha por un país más justo no terminó hace 181 años, sigue viva en cada dominicano que se resiste a la indiferencia y que trabaja por un futuro mejor, empezando por el primer mandatario.
Es esencial que los jóvenes dominicanos, frente a la creciente influencia del multiculturalismo y las transformaciones globales, no renuncien a la sagrada misión de ser los defensores de los valores patrios. El desafío contemporáneo exige que las nuevas generaciones no pierdan de vista su papel fundamental como guardianes de nuestra soberanía y los principios que fundaron nuestra Nación. La juventud de hoy, con su energía y convicción, tiene la responsabilidad de fortalecer nuestra República Dominicana, asegurando que siga avanzando con firmeza hacia el futuro, respetuosa de sus raíces y capaz de enfrentar con esperanza y determinación los desafíos venideros.
Que esta conmemoración de nuestra independencia sea más que un acto protocolar. Que sea una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una República Dominicana institucionalizada, capaz de mantenerse estable y de servir de ejemplo ante las naciones del Caribe. Honremos el sacrificio de Duarte, Mella y Sánchez no solo con palabras, sino con acciones que fortalezcan la patria que ellos soñaron. Porque ser independientes no es solo un hecho del pasado. Es una tarea de cada día.
La constante depreciación del peso dominicano frente al dólar se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para la población, especialmente para la clase media, que ve cómo su poder adquisitivo se reduce día tras día. En un contexto donde la economía global enfrenta incertidumbres y factores internos como el endeudamiento y la inflación ejercen presión sobre la moneda local, el alza del dólar se traduce en un incremento en el costo de vida y una mayor dificultad para cubrir necesidades básicas.
El aumento del valor del dólar encarece los productos importados, desde alimentos hasta medicinas, pasando por electrodomésticos y materiales de construcción. Esto afecta directamente a la clase media, cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. En consecuencia, muchas familias que antes podían mantener cierto nivel de estabilidad económica ahora enfrentan dificultades para cubrir sus gastos esenciales.
Además, los préstamos y deudas en dólares representan una carga aún más pesada, ya que las cuotas mensuales aumentan en términos de pesos. Esto impacta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a individuos con compromisos financieros en moneda extranjera.
El alza del dólar también golpea a sectores clave de la economía dominicana. El comercio, la construcción y la industria manufacturera dependen en gran medida de la importación de insumos y materias primas, lo que incrementa sus costos operativos. Como resultado, muchas empresas trasladan esos aumentos al consumidor final, elevando aún más los precios en el mercado.
Por otro lado, el turismo, uno de los pilares económicos del país, puede beneficiarse parcialmente de un dólar alto, ya que los extranjeros encuentran más atractivos los precios en República Dominicana. Sin embargo, este beneficio no compensa los efectos negativos sobre la población local.
Ante este panorama, es necesario que las autoridades implementen estrategias para mitigar el impacto de la devaluación del peso. Entre las posibles medidas están:
• Políticas monetarias más agresivas para estabilizar la tasa de cambio.
• Incentivos a la producción local para reducir la dependencia de productos importados.
• Apoyo a la clase media y sectores vulnerables a través de programas de subsidios y control de precios en productos básicos.
• Atracción de inversión extranjera para fortalecer la economía y generar empleos.
Mientras tanto, los dominicanos siguen enfrentando el desafío de ajustarse a una economía cada vez más costosa, con la incertidumbre de hasta dónde llegará el valor del dólar y cómo afectará sus bolsillos en los próximos meses es así cómo la juventud dominicana se siente más desanimada por los costosos cambios que esto conlleva.
Por Walddy Polanco
Por: Wal Polanco
En los últimos meses, la industria de la aviación ha estado en el centro de la preocupación mundial debido a una serie de accidentes aéreos que han cobrado cientos de vidas. Desde colisiones en pleno vuelo hasta fallos mecánicos catastróficos, el aumento de estos incidentes ha despertado inquietud y ha llevado a muchos a preguntarse: ¿estamos ante una crisis aérea global?
Si bien es cierto que la aviación comercial sigue siendo el medio de transporte más seguro, el aumento de accidentes en un corto período de tiempo no puede ser ignorado. Las aerolíneas y las autoridades de aviación han asegurado que cada caso es aislado, pero ¿qué pasa si no lo es?
Existen varias explicaciones para este fenómeno. En primer lugar, la fatiga de los pilotos y el personal de control aéreo es un problema real. Con horarios de vuelo cada vez más exigentes y menos margen de descanso, los errores humanos se han convertido en un factor de riesgo. En un mundo donde el transporte aéreo es una necesidad global, las aerolíneas han priorizado la eficiencia sobre la seguridad en más de una ocasión.
Otro aspecto preocupante es el envejecimiento de las aeronaves. Aunque muchas aerolíneas han renovado sus flotas, otras siguen operando aviones con más de 20 años de servicio, lo que inevitablemente aumenta la posibilidad de fallos mecánicos. Un avión puede ser seguro con el mantenimiento adecuado, pero los reportes de piezas defectuosas y problemas técnicos en modelos modernos como el Boeing 737 MAX han generado desconfianza en la industria.
Las condiciones climáticas extremas también están desempeñando un papel clave en estos accidentes. El cambio climático está intensificando turbulencias, tormentas eléctricas y eventos meteorológicos inesperados, lo que dificulta las maniobras de los pilotos y pone a prueba los sistemas de navegación de las aeronaves.
Por último, no podemos ignorar el impacto de la reducción de costos. La presión económica sobre las aerolíneas ha llevado a recortes en mantenimiento, capacitación y personal. Si una aerolínea decide recortar costos en la seguridad de sus vuelos, el resultado puede ser desastroso.
¿Qué se puede hacer?
Es imperativo que las autoridades de aviación y las aerolíneas asuman con seriedad este problema. Se necesita una auditoría global sobre las condiciones de las flotas, así como una revisión de los protocolos de mantenimiento y seguridad. Además, es crucial garantizar que los pilotos y el personal de control aéreo trabajen en condiciones óptimas, con horarios que prioricen su bienestar y no solo la rentabilidad de las aerolíneas.
La tecnología también debe ser una aliada en esta crisis. Las mejoras en los sistemas de predicción meteorológica y el uso de inteligencia artificial para monitorear el estado de los aviones en tiempo real podrían marcar una gran diferencia.
Ignorar esta crisis aérea sería un error. Aunque cada accidente tiene sus propias circunstancias, el patrón que estamos viendo en estos primeros meses del año no debe tomarse a la ligera. La aviación ha sido uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad, y es responsabilidad de todos—gobiernos, aerolíneas y reguladores—asegurar que siga siendo un medio de transporte confiable y seguro.
Esperemos que la industria actúe antes de que esta tendencia se convierta en una tragedia recurrente.
Por Brita Feliz
Tras un extenso recorrido de aproximadamente cuatro horas desde Santo Domingo Este hasta el distrito de Las Galeras, Samaná, compartimos nuestra reciente experiencia turística en este paraíso natural.
Samaná sigue figurando entre mis provincias favoritas, y paso a explicar por qué. Más allá de sus espectaculares paisajes y playas vírgenes, su gente también juega un papel clave en la magia del lugar.
Durante los dos días de nuestra estancia en Las Galeras, disfrutamos de la tranquilidad que ofrece el sonido de las olas del mar, del calor de los rayos solares y de la posibilidad de descansar bajo la sombra de frondosos árboles. Es inevitable rendirse ante el encanto natural que este destino tiene para ofrecer.
Otro aspecto destacado es el acceso a los servicios tanto para visitantes locales como extranjeros. Una de las mayores sorpresas de nuestro recorrido fue el precio de los productos y servicios, en particular la gastronomía. La variedad de platos y su accesibilidad económica permiten que el disfrute sea pleno sin afectar significativamente el presupuesto de los turistas.
Viajar siempre implica gastos, especialmente en alimentación, pero en Las Galeras encontramos precios razonables en negocios locales, incluyendo mercados y colmados. De hecho, en comparación con Santo Domingo y el Distrito Nacional, los costos en esta popular zona turística de la República Dominicana resultan bastante asequibles para los consumidores.
Además de su riqueza natural, Las Galeras también ofrece una combinación especial de arte y modernismo, lo que añade un toque distintivo a la experiencia turística.
Para quienes buscan un destino que combine belleza natural, tranquilidad y precios accesibles, Las Galeras es, sin duda, una opción a considerar.
Aquí les dejo un enlace con el recorrido completo para que puedan conocer más detalles sobre esta inolvidable travesía.
Las Galeras es un distrito municipal que depende del municipio de Santa Bárbara de Samaná. Se encuentra en la costa oriental de la península, en la Bahía del Rincón que queda entre los cabos Cabrón y Samaná.