Fiscalía exige aumentar a cinco años condena contra Wander Franco por abuso de menor
El Ministerio Público solicitó este martes a la Corte de Apelación de Puerto Plata que imponga cinco años de prisión a Wander Samuel Franco Aybar, condenado en primera instancia a dos años por abusar psicológica y sexualmente de una adolescente.
De acuerdo a una nota de prensa, los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, también solicitaron a la corte rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente contra la sentencia que le condena a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, así como al pago de una multa de 30 salarios mínimos y el decomiso de varios bienes.
Los representantes del Ministerio Público formularon la solicitud ante los jueces del tribunal de alzada Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes se reservaron el fallo para el próximo 9 de diciembre de 2025, a partir de las 9:00 A.M.
El Ministerio Público exigió al tribunal que dicte su propia sentencia e imponga a Franco Aybar una condena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil, en correspondencia con los hechos punibles que cometió.
Respecto a la procesada, solicitó que la corte emita una decisión más amplia en lo relativo al delito de lavado de activos con la explotación sexual como delito precedente.
La corte conoció los recursos, incluyendo el presentado por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada el pasado 27 de junio por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez.
Franco Aybar fue condenado en primera instancia a dos años de prisión, con suspensión de la pena, así como al pago de diez salarios mínimos y las costas penales del proceso.
El procesado fue hallado culpable de violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El tribunal de primera instancia impuso la pena suspendida, disponiendo que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines sexuales. En caso de incumplimiento de esta medida, deberá cumplir la pena en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
Mientras tanto, la madre de la víctima fue condenada a cumplir diez años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.
Además, la sentencia establece el pago de una multa equivalente a treinta salarios mínimos en beneficio del Estado dominicano.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, un depósito bancario de RD$2,100,000, así como la suma de 68,500 dólares estadounidenses y 800,000 pesos dominicanos.
Igualmente, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. De igual manera, se le ordena el pago de las costas penales del proceso.
Mandan a prisión a un hombre y una mujer que presuntamente captan niñas para abusarlas sexualmente en Santiago
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.
Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.
El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.
En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.
Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.
Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.
De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.
Aplazan audiencia contra implicados en caso de estafa inmobiliaria millonaria
El Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó para este próximo jueves la audiencia del caso de estafa inmobiliaria que involucra millones de dólares en inversiones fallidas.
En el expediente figuran como acusados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, así como las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
La investigación del Ministerio Público reveló que la red utilizaba las empresas mencionadas para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de las víctimas.
Este caso ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud de la supuesta estafa inmobiliaria y el daño económico causado a las víctimas, según ha establecido el Ministerio Público.
La acusación, que incluye los delitos de estafa, lavado de dinero y falsificación de documentos, está sustentada por pruebas sólidas y testimonios de los fiscales encargados del caso.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la justicia y aseguró que continuará trabajando para llevar ante los tribunales a los responsables de este crimen.
Dictarán medida de coerción contra policías involucrados en muerte de cinco hombres en La Barranquita
Este martes fueron subidos a sala de audiencia los 12 policías acusados de dar muerte a cinco hombres en una barbería ubicada en el sector La Barranquita de Santiago.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que el caso sea declarado complejo. El órgano acusador imputa al grupo por asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
La Corte de Apelación de Puerto Plata aplazó para el próximo 11 de noviembre, el conocimiento del recurso sometido por el condenado pelotero Wander Franco.
Franco pide que le anulen su condena de 2 años de prisión suspendida y el pago de una indemnización, por cometer abuso psicológico y sexual contra una menor en Puerto Plata.
Durante la audiencia, la defensa del pelotero tenía que presentar ante el tribunal las pruebas suficientes y necesarias para lograr que se le revoque la condena, la cual le fue impuesta, en junio pasado, por las juezas Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Este martes, también estaba previsto conocer la apelación de la madre de la menor, Vanessa Chevalier, quien fue condenada a 10 años de prisión, por explotación sexual comercial y lavado de activos.
La audiencia fue aplazada a los fines de que estén presentes las partes y a solicitud de los abogados de la señora Chevalier.
La tarde de este viernes la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la sentencia penal núm. 249-05-2024-SSEN-00256 y ordenó un nuevo juicio en el caso Elizabeth Silverio Silien, según informó el abogado defensor de las víctimas, Félix Portes.
El abogado sostuvo que los querellantes y actores civiles se mantienen firmes, unidos y decididos a seguir luchando en los tribunales hasta obtener una condena ejemplar.
Se recuerda que Silverio se presentaba como la doctora del centro, evaluaba, diagnosticaba y establecía un plan terapéutico a personas del espectro autista; también, utilizaba un sello gomígrafo que decía “Dra. Elizabeth Silverio” y ejercía práctica médica de forma ilegal en el Kogland.
José Uribe, empresario dominicano, obtiene arresto domiciliario tras cooperar en caso Menéndez
Nueva York. — El empresario dominicano José Uribe, pieza clave en el caso de sobornos que terminó con la condena del exsenador estadounidense Robert “Bob” Menéndez, recibió una sentencia reducida de seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada, tras un acuerdo con la fiscalía que evitó su ingreso a prisión.
Uribe, de 58 años, admitió haber ofrecido sobornos a Menéndez cuando este presidía el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un esquema que los fiscales calificaron como “un entramado de corrupción política a gran escala”.
Sin embargo, su decisión de colaborar activamente con las autoridades cambió el rumbo del caso: durante dos años mantuvo más de treinta reuniones con fiscales del Distrito Sur de Nueva York, proporcionando documentos, comunicaciones y detalles internos que resultaron determinantes para condenar al senador y a su esposa, Nadine Menéndez.
En la audiencia de sentencia, el juez reconoció el “valor excepcional” de Uribe al testificar contra figuras poderosas y señaló que su cooperación “fue esencial para exponer una red de favores e influencias indebidas que amenazaba la integridad del sistema político estadounidense”.
El abogado defensor, Daniel J. Fetterman, aseguró que su cliente “puso en riesgo su seguridad y la de su familia” al decidir colaborar, recordando que durante el proceso la esposa de Uribe fue objeto de amenazas.
La resolución judicial pone fin a uno de los procesos más seguidos de los últimos años, donde el testimonio de un empresario caribeño resultó decisivo para derribar a uno de los políticos más influyentes del Senado estadounidense.
Dictan 20 años de prisión a sargento de la Policía por homicidio en el DN
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 20 años de prisión al sargento de la Policía Nacional Víctor Manauris Constanza Yens, declarado culpable de matar a tiros a Luis Orlando Gil durante un hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2022 en el barrio Enriquillo, del kilómetro 8 de la carretera Sánchez.
Según el expediente, el agente utilizó su arma de reglamento, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, durante el incidente. El tribunal concluyó que el acusado incurrió en homicidio voluntario agravado, en violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.
El informe de autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la víctima murió por heridas de proyectil de arma de fuego.
Pruebas y sentencia
La condena se basó en pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público, que confirmaron el uso del arma oficial en el hecho. Una experticia balística demostró que uno de los casquillos recolectados en la escena coincidía con la pistola asignada al sargento.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Constanza Yens pagar cinco millones de pesos como indemnización a favor de la familia de la víctima.
La acusación fue sostenida por la fiscal litigante Yelianny Polanco, bajo la dirección del fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez.
La sentencia fue dictada por los jueces Tania Yunes (presidenta), Giselle Naranjo y Emely Bruno, quienes dispusieron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Arrestan a “Bobote” y “Pipo” por muerte de comerciante en Mata Gorda, Villa Mella
Agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres acusados de causar la muerte del comerciante José Luis Bello Rosario, de 43 años, quien resultó herido de bala durante un intento de robo en su residencia, donde además operaba un colmado, ubicada en el sector Mata Gorda, Villa Mella.
Los detenidos por miembros de la Subdirección de Investigación (DICRIM) de Santo Domingo Norte, son Ismael Moreta (alias “Bobote”) y Héctor Manuel (alias “Pipo”), quienes estaban siendo activamente buscados mediante la orden de arresto No. 530-2025-EMES-02418, por su responsabilidad en el hecho.
En el proceso de investigación, agentes de la Policía Científica ocuparon diversas prendas de vestir y objetos que los vinculan directamente con la escena y con las acciones delictivas cometidas. Según manifestaron los propios detenidos, algunos de estos artículos eran utilizados para penetrar a negocios y sustraer mercancías.
- Ambos apresados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Condenan a Migración por impedir salida ilegalmente de exprocurador Jean Alain
La Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a la Dirección General de Migración (DGM) y a su director, Luis Rafael Lee Ballester, por esa entidad impedir de manera ilegal y arbitraria, sin orden judicial, la salida del país del exprocurador Jean Alain Rodríguez junto a su familia, en los años 2020 y 2021, antes de iniciarse el proceso penal en su contra.
El tribunal acogió la acción de habeas data presentada por la defensa de Rodríguez, ordenando a la DGM la entrega de la alerta migratoria o documento mediante el cual se dispuso ilegalmente la restricción de salida en noviembre 2020 y junio 2021. Asimismo, impuso una sanción solidaria de RD$30,000 diarios por cada día de retraso en la entrega de dicho documento.
Impedimento de salida a Jean Alain
Durante el proceso, la Dirección General de Migración, en coordinación con la Procuraduría General de la República, sostuvieron falsamente que nunca había impedido la salida del exprocurador, en especial cuando trataba de viajar junto a sus hijos en viaje familiar y de salud en las fechas indicadas y que, por lo tanto, tal documento solicitado “no existía”. Sin embargo, las pruebas aportadas —actas notariales, boletos aéreos, fotografías, un video grabado dentro del aeropuerto y la propia carta pública de la entonces procuradora Miriam Germán Brito reconociendo la existencia e ilegalidad de estas alertas migratorias en su contra— confirmaron lo contrario.
El fallo del tribunal establece que se vulneraron los derechos fundamentales de Rodríguez, incluyendo el derecho a la dignidad y el honor. En consecuencia, ordenó la restitución plena de sus derechos y fijó la lectura íntegra de la decisión para el próximo 7 de octubre de 2025 a las 12:00 p.m.
La defensa del exprocurador estuvo representada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo de los Santos Coll, Albert Delgado y Nelys Rivas. Quienes valoraron que la justicia reconociera la ilegalidad de los actos cometidos en perjuicio de su cliente, esperando que la DGM y el Estado, no continúen negando un hecho tan notorio y entreguen el documento de alerta migratoria del año 2020, ordenado por el tribunal.
Prisión preventiva de tres meses para ‘Jarri el Pipero’ por la muerte de un profesor en Valverde
El tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Valverde dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre conocido como “Jarri el Pipero”, acusado de ultimar al profesor haitiano Mario Saladin en la comunidad de Boca de Mao, Valverde.
El hecho habría ocurrido por 100 pesos
El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando, según versiones, el imputado le solicitó 100 pesos al docente y, al recibir una negativa, lo atacó con un arma blanca frente a la escuela donde trabajaba. Saladin recibió tres estocadas mortales.
La víctima residía en el batey Libertad y laboraba como profesor en el distrito escolar de Boca de Mao, donde era apreciado por colegas y comunitarios, que lo describieron como un hombre honesto y dedicado a la enseñanza.
ADP se pronunció
En tanto, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Guayubín se manifestaron en el Palacio de Justicia exigiendo justicia y reclamando que al acusado se le aplique todo el peso de la ley.
Abogado dice que acuerdo de Maxy Montilla con MP no guarda relación con caso de Alexis Medina
Santo Domingo.- El abogado de Alexis Medina Sánchez aseguró que el acuerdo suscrito porMaxy Montilla con el Ministerio Público (MP)no tiene relación con el expediente por el que su cliente fue condenado a siete años de prisión.
Richard Martínez, representante legal de Medina, explicó que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la madrugada del 14 de agosto, rechazó la querella en constitución civil presentada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (Edeeste) contra su defendido.
Martínez fue enfático al señalar que el proceso que involucra a Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, no forma parte del expediente que llevó a la condena de Alexis y otros implicados en el caso.
Montilla fue beneficiado con un criterio de oportunidad tras admitir su responsabilidad en delitos como estafa al Estado, lavado de activos, asociación de malhechores y sobornos a funcionarios en contratos firmados con las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), entre ellas, Edeeste.
Como parte del acuerdo, Montilla devolverá al Estado más de 3 mil millones de pesos y las empresas vinculadas a sus operaciones serán disueltas.
En el expediente del caso, liderado por Alexis Medina, el nombre de Maxy Montilla aparece mencionado en al menos tres ocasiones. Sin embargo, no fue acusado formalmente dentro de dicho proceso judicial, que culminó con la condena de otras siete personas por sobornos y lavado de activos en contratos con más de veinte instituciones públicas.
Acuerdo con MP obliga a Montilla a delatar implicados en estafa eléctrica
El acuerdo judicial alcanzado entre el Ministerio Público y Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, obliga al imputado a testificar contra otros señalados en la estafa a las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste).
El documento, ya homologado por un juez de instrucción, precisa que Montilla deberá declarar sobre “la información que conoce y los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano”.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Montilla “ha colaborado de manera efectiva en la investigación del entramado de corrupción”, lo que permitió aplicar el criterio de oportunidad en su caso.
Otros implicados en la investigación
La querella, presentada en 2021, señala a Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ex administradores de Edesur), así como a Julio César Correa (ex administrador de Edenorte).
También se incluyen en la investigación a Alexander Montilla Sierra, hermano del imputado, y a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina, recientemente condenado a siete años de prisión.
Compensaciones económicas y disolución de empresas
Como parte del acuerdo, Maxy Montilla entregará al Estado 2,000 millones de pesos en efectivo y destinará más de 1,082 millones de pesos a indemnizaciones y a la expropiación de un terreno.
Además, se comprometió a disolver en un plazo de dos años once empresas vinculadas al esquema de contrataciones fraudulentas, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa NS, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales y Watmax Lighting.
La homologación formal de este acuerdo se dará a conocer con la resolución del juez a finales de este mes.
Procuraduría General instalará Fiscalía Comunitaria de Haina en local cedido por el SNS
La Procuraduría General de la República habilitará un local cedido en préstamo por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para instalar en Bajos de Haina, San Cristóbal, una de las 24 fiscalías comunitarias programadas para brindar un mayor acceso a la justicia para núcleos poblacionales que podrán mejorar sus niveles de seguridad con una presencia más próxima del Ministerio Público.
Con ese propósito, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional en el que el Servicio Nacional de Salud se compromete a ceder, en calidad de préstamo, un local ubicado en la Carretera Sánchez núm. 18.
El local será readecuado por el órgano persecutor para albergar la Fiscalía Comunitaria de Bajos de Haina, la cual facilitará que los residentes en esa demarcación de 39.5 kilómetros cuadrados y de más de 159,000 habitantes tengan un acceso a la justicia de mayor proximidad sin tener, necesariamente, que desplazarse a la ciudad de San Cristóbal.
“Queremos darle las gracias al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, y a todo su equipo, por lo diligente que han sido para que este convenio sea una realidad, en el que nos facilitan un local”, dijo Reynoso durante el acto de firma del convenio.
Resaltó que las instalaciones son adecuadas, “para llevar a la práctica eso que decimos, de hacer una gestión centrada en las personas”.
“Vamos a brindar varios servicios que tienen que ver, básicamente, con tratar casos ordinarios, recibir denuncias, pero también atender la violencia de género e intrafamiliar en este nuevo modelo de fiscalía comunitaria, que desde el Ministerio Público estamos impulsando”, apuntó.
“No es justo que una persona que requiera un servicio del Ministerio Público en Haina tenga que trasladarse hasta San Cristóbal. Lo que queremos con este acuerdo, y lo que vamos a poner en práctica, es operativizar nuestro servicio desde el municipio y para el municipio, que tiene todo el derecho de tener una justicia cercana, oportuna y de calidad”, puntualizó.
Las primeras dos fiscalías comunitarias ya están brindando servicio a los ciudadanos en Sosúa, Puerto Plata, y en La Guáyiga, del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
Al ponderar el acuerdo, el doctor Lama mostró su entera disposición, tanto personal como en su calidad de director ejecutivo del SNS, para colaborar con la visión de la Procuraduría General de la República.
“Al ceder el uso de este inmueble, estamos siempre prestos a seguir colaborando como institución. Lo hemos hecho en otros convenios y siempre seguiremos cercano para que la población y todos los que impactamos las respectivas instituciones, sigan cercano a los ciudadanos y recibiendo el servicio”, externó el titular del SNS.
“Queremos felicitar a la señora procuradora por el interés que siempre ha tenido en que la justicia siga avanzando y acercándose a comunidades como Haina, que ahora va a tener su fiscalía comunitaria, así que siempre a la orden”, expresó.
En la firma del convenio estuvieron presentes la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana; la directora general Administrativa, Claribel Mejía; el director Administrativo, Jorge Báez, y la directora Jurídica, Frinnette Padilla.
Por el SNS, estuvieron presentes Wilsy López, directora del Despacho, y Luz Morel, coordinadora de la Dirección Jurídica.
Trasladan a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte al Centro Rafey Mujeres para cumplir condena por lavado de activos
Santiago, R.D.- La exdiputada por la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte, fue trasladada la tarde de este miércoles al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, donde deberá cumplir la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta por lavado de activos y otras violaciones vinculadas al narcotráfico.
Pilarte, quien en su momento ocupó una curul en la Cámara de Diputados, fue procesada tras ser vinculada a operaciones ilícitas relacionadas con el manejo irregular de fondos. Su caso generó amplio debate en la opinión pública, debido a su militancia política y al alcance de las acusaciones en su contra.
Con su ingreso al recinto penitenciario, las autoridades confirmaron que se da cumplimiento a la sentencia judicial, que contempla también otras sanciones accesorias.
Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las condiciones del traslado ni sobre la situación actual de Pilarte en Rafey Mujeres.
