Jorge Asjana obtiene 42.3 % de intención de voto, Radhamés Silverio 39.5 %; 15.1 % se mantiene indeciso y Wilson Mejía registra 3.1 %
Un reciente estudio de opinión realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) muestra un escenario altamente competitivo de cara a las elecciones para escoger al próximo rector de la academia.
La medición, realizada en febrero de 2026 por la firma encuestadora JASAONE PUBLISHER – Garantía de Transparencia, se basó en una muestra de 403 personas vinculadas a la comunidad universitaria. Los resultados sitúan al profesor Jorge Asjana con una intención de voto de 42.3 %, seguido de cerca por el profesor Radhamés Silverio, quien alcanza 39.5 %. Estas cifras reflejan una competencia estrecha entre ambos aspirantes, lo que anticipa una contienda electoral muy disputada.
El estudio también revela que 15.1 % de los encuestados se mantiene indeciso, un segmento que podría resultar determinante en el resultado final del proceso electoral. La existencia de este grupo evidencia que una parte importante del electorado universitario aún evalúa las propuestas y trayectorias de los candidatos antes de definir su preferencia.
En la medición, el profesor Wilson Mejía registra 3.1 % de intención de voto, ubicándose en una posición más rezagada dentro de la contienda.
De acuerdo con el análisis del estudio, aunque ya se observan tendencias claras entre los principales candidatos, el porcentaje de indecisos mantiene abierto el panorama electoral. En ese contexto, el desarrollo de las campañas, el acercamiento con la comunidad universitaria y la presentación de propuestas programáticas podrían influir de manera determinante en la decisión final de los votantes.
Las elecciones de autoridades en la UASD representan uno de los procesos democráticos más significativos dentro del sistema de educación superior dominicano, ya que involucran la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo en la elección de las principales autoridades académicas de la institución.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), anunció el fin de la crisis institucional que durante más de dos años afectó al gremio jurídico, luego de alcanzarse un acuerdo de consenso entre las distintas fuerzas que integran la vida gremial de la abogacía nacional.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, informó que el acuerdo fue suscrito junto a sectores y corrientes opositoras, fundamentalmente con los presidentes de seccionales del colegio que mayoritariamente integran el consejo del CARD como máximo órgano deliberativo del gremio, todo ello con el objetivo de garantizar la institucionalidad y unidad de la clase jurídica dominicana, dejando atrás las divisiones surgidas tras el proceso electoral del gremio.
Potentini explicó que el pacto busca consolidar una etapa de estabilidad institucional en el Colegio de Abogados, permitiendo que la organización actúe nuevamente como un solo cuerpo, sin distinciones ni colores partidarios, en defensa de los intereses de la abogacía y del fortalecimiento del Estado de derecho.
"Hoy la clase jurídica dominicana da un paso importante hacia la unidad. Hemos decidido cerrar definitivamente este capítulo de confrontación y trabajar juntos por el fortalecimiento institucional del Colegio de Abogados", expresó el presidente del gremio.
El dirigente gremial también agradeció a los distintos actores de la clase política nacional y al consejo de expresidente del gremio por su disposición para viabilizar el entendimiento alcanzado, el cual permitirá encaminar la
normalización plena de las actividades institucionales del CARD.
Entre los puntos fundamentales del acuerdo se destacan la garantía disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento del gremio, la reactivación y normalización de las labores del Colegio de Abogados, tanto en su sede central como en sus seccionales en todo el territorio nacional, el levantamiento de todos los embargos y oposiciones, el retiro de las acciones judiciales aún pendiente en los tribunales, la integración y nombramiento en la Escuela Nacional del
Abogado (ENA), del expresidente del gremio como director general Diego José García y también la designación del también expresidente Diego Babado Torres como director del Instituto de Previsión Social de los abogados, la entrega del 20% de los fondos del CARD que le corresponden por ley a las seccionales, así como el fortalecimiento de los programas institucionales dirigidos a los profesionales del derecho.
Asimismo, Potentini informó que el consenso alcanzado abre el camino para la organización de los preparativos necesarios que permitan celebrar las próximas elecciones del gremio en el mes de diciembre, asegurando un proceso democrático, transparente y participativo.
El acuerdo también contempla el fortalecimiento de los programas de asistencia social destinados a abogados y abogadas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso del Colegio de Abogados con el bienestar y la dignidad de sus miembros.
Con este entendimiento, el CARD inicia una nueva etapa orientada a la reconciliación institucional, el fortalecimiento gremial y la defensa de los valores fundamentales de la profesión jurídica en la República Dominicana.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa en la sede central del CARD, en presencia de abogados, directivos nacionales, presidentes de seccionales y ex presidentes del gremio.
Distrito Nacional, República Dominicana.– La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana (SINATRAEAPD) firmaron un pacto histórico con el respaldo del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de fortalecer los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y reafirmar el compromiso institucional con el bienestar de los colaboradores del sistema portuario.
El acuerdo busca garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, el respeto al fuero sindical y la preservación de las conquistas laborales alcanzadas por el personal que labora en la institución.
El convenio fue suscrito en la sede del Ministerio de Trabajo, donde el ministro Eddy Olivares, en calidad de mediador, ofreció garantías de que se cumplirá con la legislación laboral vigente en el país.
Durante la rúbrica, el director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, y el representante del sindicato, Ramón Antonio Ramírez, destacaron que el pacto representa un paso importante para consolidar relaciones laborales basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.
Las autoridades y representantes sindicales coincidieron en que este acuerdo contribuirá a mantener la armonía laboral dentro de la Autoridad Portuaria Dominicana y permitirá continuar fortaleciendo el desarrollo del sistema portuario nacional en beneficio de los trabajadores y del país.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, consideró necesario fortalecer los partidos políticos con mayores controles para evitar que actividades ilícitas como el lavado de activos y el narcotráfico penetren en la política dominicana.
El legislador señaló que la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aprobada en 2018, es de reciente creación, por lo que entiende que debe reforzarse con mecanismos más estrictos que permitan prevenir la infiltración de fondos ilícitos en las organizaciones políticas y en las instituciones del Estado.
Crespo sostuvo que ese fortalecimiento no solo corresponde a los partidos políticos, sino también a las autoridades encargadas de supervisar y fiscalizar los procesos electorales y la transparencia en la vida pública.
En ese sentido, afirmó que las organizaciones políticas deben establecer filtros rigurosos al momento de seleccionar a sus candidatos para cargos electivos, con el objetivo de evitar que personas vinculadas a actividades ilegales formen parte de sus boletas.
Asimismo, indicó que la Junta Central Electoral debe realizar la debida diligencia cuando los partidos someten los listados de candidatos, investigando el historial de quienes aspiren a ocupar posiciones públicas.
Santo Domingo.– El propietario de un apartamento, identificado como Franklin Armando Carrasco, denunció que desde hace más de cinco años no ha podido realizar un peritaje técnico en su inmueble debido a que la persona que lo ocupa, la psicoterapeuta del Centro de Familia Vida Ana Simó, Yolenny Mercedes González de León, habría impedido el ingreso de tasadores certificados para evaluar el estado de la propiedad.
De acuerdo con la versión del propietario, tres firmas de tasadores contratadas para inspeccionar el apartamento no han podido acceder al lugar con el fin de levantar un informe técnico y documentar mediante fotografías las condiciones del inmueble.
No obstante, Carrasco asegura que en una ocasión un tasador logró ingresar al apartamento; sin embargo, según indicó, no se le permitió tomar fotografías del interior del inmueble. El propietario afirma que la vivienda presenta daños considerables y que el costo de las reparaciones superaría los RD$800,000, aunque estos daños no han podido ser documentados formalmente debido a las restricciones señaladas.
Carrasco sostiene que esta situación ha obstaculizado la elaboración de un informe profesional sobre los posibles daños y el estado general de la vivienda, lo que —según afirma— limita su derecho a inspeccionar y evaluar su propiedad.
Según la denuncia, González de León no contaría con un título de propiedad, contrato de alquiler u otro documento que respalde legalmente su permanencia en el apartamento. El propietario asegura que cuando adquirió el inmueble ella no residía allí de manera permanente y que posteriormente pasó a ocuparlo.
Asimismo, indicó que en marzo de 2019 se levantó un acta certificada en la Fiscalía Barrial de Los Girasoles en la que la ocupante se habría comprometido a desalojar el apartamento, compromiso que —según Carrasco— no se ha cumplido.
El denunciante también afirma que la ocupante ha sido notificada mediante actos de alguacil tanto para permitir la tasación del inmueble como para proceder a un eventual desalojo, en el marco de un proceso de embargo ejecutivo que estaría en curso.
Hasta el momento, no se ha obtenido una reacción pública de Yolenny Mercedes González de León respecto a las acusaciones. El caso se mantiene en el ámbito legal mientras continúan los procedimientos correspondientes.
Legisladores de las bancadas de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) depositaron este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional que busca declarar inconstitucional el artículo de la Ley de Presupuesto General del Estado que deja sin efecto la aplicación de la indexación del salario exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La acción constitucional procura restablecer el cumplimiento del artículo 327 del Código Tributario, el cual dispone que la escala salarial utilizada para calcular el ISR debe ajustarse anualmente en función de la inflación del año anterior. Según explicaron los legisladores, la suspensión de ese mecanismo mediante la ley de presupuesto constituye una violación al principio de jerarquía normativa y a los derechos económicos de los contribuyentes.
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien ha encabezado la defensa pública de esta causa, argumentó que la falta de indexación durante varios años ha provocado que miles de trabajadores comiencen a pagar impuestos sin que necesariamente hayan aumentado su poder adquisitivo.
“El resultado de no aplicar la indexación es que cada año se recorta de manera silenciosa el ingreso real de los dominicanos. Hoy ya son cerca de 730,000 trabajadores a quienes se les está cobrando más de lo que legalmente corresponde”, explicó.
El legislador señaló que esta distorsión se produce porque, al no ajustarse la escala conforme a la inflación, los aumentos salariales que apenas compensan el alza del costo de la vida terminan empujando a los trabajadores hacia tramos impositivos más altos.
“Eso se traduce en menos recursos para las familias: menos posibilidades de pagar un mejor colegio a sus hijos, de acceder a un seguro médico más completo o simplemente de garantizar una mejor alimentación. Lo que está en juego aquí es la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores”, afirmó Fernández.
Por su parte, Charlie Mariotti, en representación del PLD, subrayó que el artículo 327 del Código Tributario establece de manera clara la obligación del Estado de ajustar cada año la escala salarial utilizada para el cálculo del impuesto.
“El Código Tributario es explícito: la escala debe actualizarse conforme a la inflación. Cuando se ignora ese mandato, se termina cobrando impuesto sobre ingresos que en términos reales no han aumentado. Todo el que gana menos de 50 mil pesos está siendo afectado por esta distorsión”, sostuvo.
Mariotti calificó la situación como un “abuso fiscal”, al considerar que la no aplicación de la indexación convierte en contribuyentes del ISR a trabajadores cuyos ingresos deberían permanecer dentro del tramo exento.
En tanto, Ramón Raposo, vocero del bloque de diputados del PRD y Elias Wessin por el PQDC, respaldaron la iniciativa de elevar una instancia ante el Tribunal Constitucional y afirmó que la acción busca restablecer un principio básico de justicia tributaria.
“Lo que se está defendiendo aquí es el respeto a la ley y la protección del ingreso de los trabajadores dominicanos. La política fiscal no puede construirse sobre la base de distorsionar lo que el propio Código Tributario establece”, expresó.
El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional con el propósito de que se declare inválido el artículo de la Ley de Presupuesto que suspende la aplicación de la indexación salarial, al considerar que una ley ordinaria no puede dejar sin efecto un mandato establecido en el Código Tributario.
En representación de los legisladores, los abogados accionantes del recurso son Manuel Fermín Cabral y Félix Nova Hiciano, quienes argumentan que la suspensión de la indexación vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica, la igualdad tributaria y la capacidad contributiva.
De prosperar la acción, el Tribunal Constitucional podría ordenar el restablecimiento del mecanismo de actualización de la escala salarial, lo que implicaría elevar el nivel de ingresos exentos del ISR y reducir la carga impositiva para cientos de miles de trabajadores dominicanos.
Santo Domingo.– La Secretaría Agropecuaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que la República Dominicana ha experimentado un aumento récord en la producción nacional de diferentes rubros agrícolas, lo que ha permitido garantizar la oferta para la seguridad alimentaria del país, atender la creciente demanda generada por más de 11.7 millones de turistas y aumentar de manera significativa las exportaciones agropecuarias.
La entidad explicó que este crecimiento ha sido posible gracias a un incremento en la productividad del sector, impulsado por la incorporación de más de 900,000 tareas de tierras que anteriormente se encontraban baldías y que hoy están integradas a las áreas productivas.
Asimismo, señaló que una mayor articulación entre los productores y los mercados internos y externos ha contribuido a fortalecer el desempeño del sector agropecuario dominicano.
De acuerdo con datos presentados por la secretaría, varios rubros muestran incrementos importantes en su producción al comparar los años 2019 y 2025. En el caso del arroz, la producción pasó de 13,131,758 quintales en 2019 a 14.7 millones de quintales en 2025.
La producción de yuca también registró un aumento significativo, al pasar de 3.8 millones de quintales en 2019 a 6,628,300 quintales en 2025. De igual forma, la papa creció de 2,073,555 quintales en 2019 a 2,871,171 quintales en 2025.
Otros rubros muestran incrementos notables, como la cebolla, cuya producción pasó de 1.5 millones de quintales en 2019 a 2.7 millones de quintales en 2025, y los ajíes, que aumentaron de 1.5 millones de quintales a 2.8 millones de quintales en el mismo período.
La Secretaría Agropecuaria del PRM afirmó que estos resultados reflejan el fortalecimiento del sector agrícola y el impacto de las políticas orientadas a mejorar la productividad, ampliar las áreas de cultivo y consolidar la capacidad del país para garantizar alimentos suficientes para la población y los visitantes.
La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) reunió a los actores del sector productivo y gubernamental en el encuentro-conferencia "Perspectivas del Mercado Laboral: Un análisis para la sostenibilidad empresarial", evento, celebrado en el Hotel Marriott Piantini, que sirvió de plataforma para la presentación de una nueva hoja de ruta que busca alinear el crecimiento económico con la creación de empleos de calidad.
La apertura estuvo a cargo de Lissette Dumit, vicepresidenta ejecutiva de la entidad organizadora, quien ofreció la bienvenida y trazó el marco estratégico del encuentro. Durante su intervención, Dumit resaltó la importancia de entender la relación entre el dinamismo económico y el mercado de trabajo, vinculando directamente estas variables con la aspiración nacional de duplicar el Producto Interno Bruto hacia el año 2036.
En el turno de las palabras institucionales, Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, enfatizó la necesidad de dotar al sector empresarial de herramientas tecnológicas avanzadas para la toma de decisiones. En este contexto, se realizaron intervenciones clave por parte del ministro de Trabajo, Eddy Olivares y de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
La jornada técnica inició con la participación de Raúl Ovalle, socio director de la firma Analytica, quien expuso un detallado panorama macroeconómico tanto nacional como internacional, y que centró su ponencia en las implicaciones que tiene la Meta 2036 para la productividad del país, advirtiendo que los objetivos de crecimiento requieren de una transformación profunda en la forma en que se gestiona el capital humano en la actualidad.
Posteriormente, Jacqueline Mora, socia directora de Analytica, presentó los resultados de la "Radiografía del mercado laboral dominicano", desglosando los hallazgos más relevantes sobre salarios, informalidad y brechas regionales. En su intervención, Mora también introdujo la plataforma tecnológica Syslab, una herramienta diseñada para dar seguimiento mensual y trimestral a las estadísticas laborales mediante tableros interactivos de alta precisión.
El componente internacional del evento fue cubierto por el conferencista Luis Fernando Londoño, quien abordó las tendencias globales en digitalización y automatización, alertando sobre la aparición de nuevas competencias y modelos de trabajo que están redefiniendo el talento a nivel mundial, e instó a la República Dominicana a preparar a su fuerza laboral para los desafíos que impone la inteligencia artificial y la economía digital.
El evento concluyó con un panel de alto nivel moderado por Lissette Dumit, donde diversos líderes empresariales debatieron sobre los desafíos sectoriales específicos y la necesidad de elevar la competitividad nacional. Durante el intercambio, se destacó que la sostenibilidad de las empresas dominicanas depende de su capacidad para adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos sin perder de vista el bienestar de sus colaboradores.
Tras una sesión de preguntas y respuestas que permitió profundizar en los datos presentados, los asistentes participaron en un espacio de intercambio donde se ponderaron las recomendaciones del estudio. El encuentro finalizó con un llamado a la acción conjunta entre el sector público y privado para implementar las reformas necesarias que garanticen un mercado de trabajo más justo, formal y eficiente para las próximas décadas.
Santo Domingo.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo por cuarta ocasión este martes el proyecto de ley que elimina el pago de anticipo a micros, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana sin afectar las finanzas públicas.
El proyecto plantea además, que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sean readecuado para estimular la economía con la creación y sostenibilidad de nuevas empresas.
El anticipo es un pago obligatorio al Impuesto sobre la Renta (ISR) que se debe realizar conforme a las proyecciones de ganancias que tenga una empresa.
El legislador del partido Fuerza del Pueblo explicó que eso descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebra.
De acuerdo con lo expuesto por Fernández, más del 85% de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas empresas, las cuales necesitan un ambiente fiscal favorable para poder crecer y desarrollarse, por lo que entiende que exonerarles del pago del anticipo no represente un impacto importante en las recaudaciones y por el contrario favorece el crecimiento económico.
Entre los proyectos de ley reintroducidos está el que elimina la doble tributación de IPI en viviendas de adultos mayores de 65 años, proyecto de ley de Eliminación del Gravamen sobre Hipotecas, ley de Eliminación de Anticipos para el Sector Agropecuario, ley de Facilidades para el Cumplimiento Tributario y el proyecto de ley de Modernización del Régimen de Sociedades Comerciales.
Entre los proyectos reintroducidos por el senador están proyecto de Modernización del Poder Judicial, proyecto de ley de Seguridad Jurídica para Personas Ausentes y Desaparecidas, proyecto de ley de Garantía de Cumplimiento de Sentencias Judiciales, proyecto de Ley de fomento de Academias Deportivas Internacionales y Atracción de Inversión en el Deporte, proyecto de ley de fomento de Inversión de la Diáspora para el Desarrollo Nacional.
El diputado nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, ha sido invitado de manera oficial para participar en el prestigioso e inaugural Miami Security Forum (MSF), que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo de 2026 en el Trump National Doral, Miami, Florida.
La invitación, extendida directamente por Kevin D. Roberts, presidente de la influyente organización conservadora estadounidense The Heritage Foundation, posiciona al legislador dominicano como una figura clave en el diálogo estratégico sobre la seguridad del hemisferio occidental.
Un puente directo con la administración Trump y el pensamiento conservador
El evento cobra una relevancia politica excepcional al ser una iniciativa diseñada para reforzar los esfuerzos de la Administración Trump y líderes de las Américas frente a las amenazas urgentes que enfrenta la región. La participación de Elias Wessin subraya su estrecha alineación con las corrientes politicas de The Heritage Foundation, el principal "tanque de pensamiento" que moldea la agenda conservadora en los Estados Unidos.
Agenda estratégica y liderazgo regional
Wessin Chávez participará en mesas redondas de alto nivel junto a unos 200 líderes mundiales, incluyendo funcionarios de seguridad nacional, jefes de defensa y ejecutivos del sector privado. Los temas centrales del foro incluyen:
-Combate al narcoterrorismo y al crimen organizado transnacional.
-Estrategias ante la migración ilegal masiva.
-Contención de la influencia de potencias extra-hemisféricas.
-Fortalecimiento de las democracias frente a dictaduras criminales en la región.
"Dada su invaluable experiencia y liderazgo en seguridad hemisférica, su perspectiva será una contribución fundamental en las discusiones con oficiales de seguridad de todo el hemisferio", expresó Roberts en la misiva enviada al legislador.
Sobre el evento
El Miami Security Forum 2026 es un evento de carácter privado y por invitación, destinado a desplegar asociaciones estratégicas contra desafios de seguridad compartidos que, según los organizadores, han "metastasizado" debido a la falta de respuestas efectivas en el pasado.
La Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD) exigió un aumento salarial y mejores condiciones laborales para los profesionales farmacéuticos que laboran en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).
En un pronunciamiento público, la entidad solicitó formalmente una reunión urgente con el director de Promese/Cal, doctor José Luis López Pérez, con el objetivo de abordar diversas demandas que, según afirman, afectan la dignidad laboral del personal farmacéutico de la institución.
Entre los principales reclamos, la AFD denunció lo que califican como un “atropello profesional” relacionado con la reciente designación en la Dirección Técnica Farmacéutica de un profesional del área de contabilidad, lo que —según indican— contradice el perfil requerido para ese cargo, que establece como requisito la formación académica de licenciado en Farmacia.
Asimismo, la organización demandó un reajuste salarial urgente para todos los farmacéuticos que laboran en Promese/Cal, con especial énfasis en los supervisores licenciados en Farmacia, quienes, según señalan, llevan más de 15 años sin recibir incremento salarial y actualmente devengan un sueldo de 26,000 pesos.
La AFD advirtió que este salario resulta insuficiente frente al aumento del costo de la vida y las responsabilidades que asumen estos profesionales dentro del sistema de salud.
De igual manera, denunciaron que los supervisores farmacéuticos de Promese/Cal no han recibido la asignación de combustible desde diciembre de 2025, pese a que requieren movilizarse para cumplir con sus funciones de supervisión.
La Asociación Farmacéutica Dominicana reiteró su llamado a las autoridades para que se atiendan estas demandas y se adopten medidas que garanticen condiciones laborales justas y el respeto al ejercicio profesional del sector farmacéutico.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que la tasa de homicidio en la República Dominicana tuvo un aumento para el mes de marzo, lo que la coloca en un 8.5, en comparación con febrero que cerró con un 7.8.
La funcionaria explicó que, pese al incremento registrado en los primeros días del mes, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los indicadores de criminalidad a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, con el objetivo de identificar las zonas donde se han producido los hechos violentos y reforzar la presencia policial.
Raful aseguró que el Gobierno continuará implementando estrategias de seguridad ciudadana, incluyendo operativos preventivos, mayor patrullaje y el fortalecimiento de las labores de inteligencia para reducir los niveles de violencia y garantizar la tranquilidad de la población.
Asimismo, indicó que las autoridades trabajan de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros organismos de seguridad para dar seguimiento a los casos registrados, al tiempo que reiteró el compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de estos indicadores.
El turismo dominicano continúa con su crecimiento sostenido al recibir 1,184,902 en el mes de febrero, lo que representa un aumento de más de un 13% con relación al mismo mes del año pasado.
Así lo informó este lunes el
ministro David Collado, al dar a conocer el comportamiento del sector turístico en el mes de febrero, durante una actividad que se llevó a cabo en el hotel Jaragua de la capital.
Dijo que la llegada de 1,184,902 en febrero, representa un crecimiento de un 13.1% con relación al mismo mes del 2025, un 11.9% respecto al 2024 y un 64.2 frente al 2019.
Informó que de esa cantidad de visitantes de febrero llegaron 824,172 turistas por la vía aérea y 360,730 cruceristas por vía marítima.
La de los 824,172 representan un crecimiento de 11.3% con relación a febrero del 2025 y un 9% respecto al 2024, dijo el funcionario.
Indicó también que la llegada 360,730 cruceristas representa un aumento de un 17.6% con relación al mismo mes de febrero del año pasado, 18.9% respecto al 2024 y 209.6% en comparación al 2019.
"Y esas dos llegadas nos dan la histórica cifra de 1,184,902 visitantes solo en el mes febrero, rompiendo así nuestro propio récord", subrayó el ministro Collado.
Los países emisores que más visitantes aportaron, en febrero, fueron Estados Unidos con 39%, Canadá con 24%, Argentina 6 %, Francia 4% y Colombia con 3%.
Los aeropuertos que más turistas
recibieron en el mes de febrero fueron Punta Cana con 54%, Las Américas con 24%, Cibao con 10%, Puerto Plata 5%, La Romana 3% y Samaná 1%.
El funcionario también indicó que en ese período la ocupación hotelera superó el 87%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4,4%, un en una medición de 5.
En su presentación, el ministro Collado aseguró que todos los mercados emisores se encuentran en números azules y que este será un año extraordinario para el turismo dominicano.
El dirigente sindical y abogado Mario Diaz. junto a diversas organizaciones civicas, sociales y comunitarias, deposito este lunes ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana una acción directa de inconstitucionalidad preventiva, mediante la cual solicitan a la alta corte emitir una sentencia
interpretativa preventiva frente al proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana que pretende derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
La instancia fue presentada por el licenciado José Nicasio Diaz Guzmán (Mario Diaz), quien actúa en su condición de primer precandidato presidencial independiente, y por el doctor
Fredermido Ferreras Díaz, aspirante independiente a Senador por la provincia Santo Domingo, acompañados por los abogados
Ricardo E. Díaz Guzmán y Francisco López.
La acción constitucional se fundamenta en que el referido proyecto legislativo, sometido por el senador Rogelio Genao, procura eliminar del sistema electoral dominicano la figura de las candidaturas independientes, 1o que, según los accionantes, constituiría una violación directa a la Constitución y al precedente fijado por la sentencia TC/0788/24 del propio
Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
De acuerdo con los accionantes, dicha sentencia, emitida en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la legislación electoral 20-23, estableció que los artículos 156 y 157 de la ley electoral debían ser reinterpretados y redactados nuevamente conforme a la Constitución, reconociendo la posibilidad de postulación de candidaturas independientes a nivel presidencial, congresual y municipal mediante agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
Las organizaciones firmantes sostienen que el proyecto aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana constituye una violación al precedente constitucional y al principio de supremacía de la Constitución, ya que en lugar de adecuar la legislación conforme a lo ordenado por la sentencia.
TC/0788/24, procura
derogar totalmente las disposiciones
que reconocen las candidaturas independientes.
En ese sentido, la acción depositada solicita al Tribunal Constitucional
Republica Dominicana que ejerza una senté interpretativapreventiva, conforme a las facultades establecidas en el artículo 47 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el objetivo de evitar una juzgada constitucional y a los derechos fundamentales de ciudadanía.
Entre las organizaciones que respaldan la acción constitucional se encuentran:
Los accionantes solicitan además que el Tribunal Constitucional declare la nulidad del proyecto legislativo aprobado en primera lectura, al considerar que vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, así como el precedente constitucional previamente establecido por esa alta corte.
Asimismo, la instancia fue dirigida al Senado de la República Dominicana, a la
Cámara de Diputados de la República
Dominicana, a la Junta Central Electoral y a la Consultoria Jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, por su vinculación institucional con el proceso legislativo y la aplicación de la normativa electoral.
Mario Diaz expresó que esta acción busca defender el orden constitucional, el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y la participación política de los ciudadanos fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, destacando que las candidaturas independientes constituyen un derecho democrático que forma parte del sistema constitucional dominicano.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió sobre lo que calificó como señales preocupantes de retroceso en el bienestar de las mujeres bajo la actual gestión gubernamental, a partir de datos recogidos en el informe de derechos humanos publicado en diciembre por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana.
Según el documento, las mujeres continúan siendo identificadas por la ciudadanía como el grupo más vulnerable del país. En 2025, el 49 % de la población consideró que los derechos de las mujeres se vulneran con mucha frecuencia, lo que las consolida como el sector social más expuesto a la violación de derechos.
El informe también señala que durante las consultas regionales realizadas en 2025 se denunciaron barreras de acceso a servicios especializados, debilidades en el tratamiento de enfermedades crónicas y una percepción generalizada de que la calidad de los servicios en centros públicos resulta insuficiente.
Otro dato que genera preocupación es el aumento de la victimización. Mientras en 2024 el 20.9 % de las mujeres reportaba haber sido víctima de vulneración de derechos, en 2025 la cifra aumentó a 28.5 %, lo que evidencia que cada vez más dominicanas experimentan directamente situaciones de violación de derechos.
En el ámbito económico, el PLD señaló que la brecha de pobreza entre hombres y mujeres también se ha ampliado. Esta pasó de 2.3 a 2.7 puntos porcentuales en el mismo período. Actualmente, los hogares encabezados por mujeres presentan una tasa de pobreza de 14.7 %, en comparación con el 10.9 % de los hogares encabezados por hombres.
La organización política indicó que esta diferencia refleja que la pobreza sigue teniendo “rostro de mujer”, una situación que se agrava con la carga del trabajo de cuidado que recae mayoritariamente sobre las madres.
En materia educativa, el partido apuntó que la cobertura de la Jornada Escolar Extendida, que en 2019 superaba el 75 % de los estudiantes del sistema público, se mantiene hoy alrededor del 70 %, lo que consideran un estancamiento de una política clave para la equidad social. A esto se suma la falta de cupos para más de 250 mil estudiantes en centros públicos durante 2025.
El PLD sostuvo que cuando el sistema educativo no responde, las mujeres terminan asumiendo el mayor costo, ya que son principalmente las madres quienes deben reorganizar su tiempo para cuidar o acompañar a sus hijos, lo que reduce sus oportunidades de trabajar, estudiar o emprender.
El informe también destaca que el lugar de trabajo se ha convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres. Más del 95 % de las dominicanas identifica los espacios laborales como lugares donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso, lo que refleja, según el partido, la ausencia de políticas efectivas para prevenir la discriminación y garantizar entornos laborales seguros.
Asimismo, la organización política manifestó preocupación por el aumento de los feminicidios. De acuerdo con los datos citados, en enero y febrero de 2026 se registraron 13 casos, frente a cuatro en el mismo período del año anterior.
Ante este panorama, el PLD planteó la necesidad de impulsar una agenda nacional que incluya una legislación efectiva contra el acoso laboral y la violencia de género, apoyo para la autonomía económica de las mujeres mediante acceso a crédito y financiamiento, la expansión de la educación inicial para incorporar a más de 500 mil niños de 0 a 5 años al sistema educativo y políticas de corresponsabilidad en el cuidado.
La organización también abogó por eliminar las barreras que impiden a muchas mujeres acceder a la justicia y recibir protección judicial oportuna.
“El país necesita más prevención, más protección y más acción institucional”, expresó la organización, al reiterar su compromiso de trabajar por un país donde todas las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades reales.